El exlegislador y exministro de Energía y Minas, Pelegrín Castillo, pidió al gobierno que aplique el artículo 219 de la Constitución de la República, sobre la iniciativa privada, como solución al destino de la planta termoeléctrica Punta Catalina, al tiempo que anunció que llevará su propuesta al Consejo Económico y Social (CES).
El vicepresidente de la
Fuerza Nacional Progresista explicó que con esa fórmula constitucional de
“democratización de la titularidad de las acciones” de las empresas públicas,
no solo se garantiza una gestión trasparente y eficiente de las mismas, sino
que empezaría a cambiar la naturaleza del capitalismo dominicano y a corregirse
algunas de sus deformaciones históricas.
“Es sorprendente que no se
haya considerado esa fórmula de cambio real que tiene, además, asidero
constitucional, y que fue concebida para ampliar la base propietaria de la
República, contrarrestando la perniciosa tendencia a la alta concentración de
las riquezas y las oportunidades, que constituye uno de los mayores desafíos
que amenazan la paz social y la estabilidad democrática en nuestra nación y el
continente.”, indicó Pelegrín Castillo en una nota de prensa.
Castillo explicó que los
esquemas monopólicos y oligopólicos, con extensas prácticas de colusión, están
lastrando el desarrollo nacional, y donde esto resulta más notorio es en el
ámbito de los sectores eléctrico y de combustibles, “pues generan tanto los
mayores déficit públicos como grandes sobrecostos y costos ocultos en la
economía, con efectos adversos sobre millones de dominicanos y sobre el
potencial productivo de la nación.
El exministro de Energía y
Minas considera que si el Estado dominicano hizo la mayor inversión pública de
todos los tiempos en el sector eléctrico, con el proyecto de Punta Catalina, no
es deseable que la mantenga como propiedad estatal bajo ninguna modalidad, ni
mucho menos que la entregue a los actores dominantes de un sector tan
estratégico-algo a lo que se había comprometido el gobierno anterior-, sino que
se trasforme en una empresa pública de capitalización abierta, amplia y
democrática, aplicando el párrafo 219 de la Constitución.
Lo que dice el artículo 219.
El artículo 219, sobre la
iniciativa privada, indica que “el Estado fomenta la iniciativa económica
privada, creando las políticas necesarias para promover el desarrollo del país.
Bajo el principio de
subsidiaridad el Estado, por cuenta propia o en asociación con el sector
privado y solidario, puede ejercer la actividad empresarial con el fin de
asegurar el acceso de la población a bienes y servicios básicos y promover la
economía nacional.
En un segundo párrafo indica
que “cuando el Estado enajene su participación en una empresa, podrá tomar las
medidas conducentes a democratizar la titularidad de sus acciones y ofrecerá a
sus trabajadores, a las organizaciones solidarias y de trabajadores, condiciones
especiales para acceder a dicha propiedad accionaria. La ley reglamentará la
materia”.
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