La excarcelación ilegal de mujeres con la ayuda de jueces, abogados y médicos que certificaban a los reos dolencias falsas para beneficiarlos con la detención domiciliaria ha puesto a la Justicia de Bolivia en el banquillo del acusado.
La trama de corrupción
descubierta alcanza dimensiones preocupantes con más de cien casos
investigados, lo que ha provocado una mayor desconfianza hacia las autoridades
y dolor en las familias de las víctimas.
Hace tres semanas
Bolivia quedó inmersa en la conmoción al saber que el sentenciado a
30 años por un feminicidio Richard Choque Flores obtuvo a cambio
de una coima de 3 mil 500 dólares y un whisky, el beneficio de la
detención domiciliaria con certificados médicos amañados. Además, el
feminicida se aprovechó de ese beneficio para matar a otras dos jóvenes
que enterró en su casa y para violar a decenas de mujeres, una cifra que podría
llegar a 70, según las autoridades.
El caso quedó lejos de ser
excepcional porque en las últimas horas, el ministro de Gobierno de Carlos
Eduardo del Castillo, confirmó que se ha capturado a 23 personas, entre
ellas a condenados por feminicidios y violaciones que estaban libres, además de
jueces y abogados que formarían, según dijo, una "organización
criminal" para liberar a estos delincuentes.
Según datos de la
investigación, han sido detenidos tres jueces, entre ellos el del caso Choque
Flores; tres abogados, tres médicos y dos empleadas de juzgados, todos
implicados en los casos de corrupción.
Además, Del Castillo reveló
que una comisión formada por orden del presidente Luis Arce está
"investigando 135 casos de personas que tendrían sentencia ejecutoriada
por los delitos de feminicidios, violación y violación agravada", incluso
cometidos contra niñas, niños y adolescentes, pero que no están recluidos en
las cárceles como deberían.
Bolivia es uno de los países
de Suramérica con las peores tasas de violencia sexual y feminicidios y
son habituales las denuncias contra la Justicia, pero se desconocía que los
feminicidas sentenciados a 30 años sin derecho a indulto podían lograr la
detención domiciliaria, que en la práctica es igual a tener la libertad ya que
no son custodiados.
Tras las detenciones, la
Asociación de Magistrados y Jueces de Bolivia pidió no hacer generalizaciones,
consideró que el sector está siendo objeto de ataques, vulneraciones en su
honor cuando los magistrados detenidos son presentados mediáticamente, reclamó que la Fiscalía y la Policía asuman su responsabilidad por no haberse
pronunciado en su momento sobre los casos denunciados.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario