La Corte de Apelación de La Vega aplazó para 8 de marzo conocer recurso de apelación hecho por la fiscal Aura Luz García contra el auto administrativo dictado por el juez del Segundo Juzgado de la Instrucción a José Martín de la Mota, que extingue la acción penal a cuatro empresas vinculadas a José Miguel López-Miky López- por supuesto lavado de activos y narcotráfico internacional.
La audiencia fue aplazada
debido a que la jueza de la Corte de Apelación de La Vega, Indhira Fernández,
se inhibió al inicio del proceso y era quien conformaba el tribunal este lunes,
y no existía otro juez que le sustituyera para el conocimiento de la apelación.
Al Ministerio Público le
causó extrañeza que el juez de la Mota extinguiera la acción penal contra esas
empresas que figuran como imputadas en el expediente acusatorio.
El juez tampoco notificó al
Ministerio Público sobre la intimación para presentar acto conclusivo, según lo
ordena el Artículo 150 del Código Procesal Penal, lo que se traduce como una
violación al debido proceso de ley.
Mediante el auto
administrativo, el juez del Segundo de la Instrucción, declaró la extinción
penal responsable a las empresas: Agropecuaria Gloria Ivette, debidamente
representada por José Miguel López Pilarte.
Inmobiliaria Gloria Ivette,
representada por José Miguel López Pilarte; la Sociedad Comercial Auto Crédito
Selecto, representada por Miguel Arturo López Florencio y Servicrédito Gloria
Ivette por Miguel Arturo López Pilarte.
“Esas entidades nunca han
ostentado la calidad de entidades imputadas”, advierte el Ministerio Público,
razones por las cuales decidió apelar el auto administrativo dictado por el
juez de la Mota.
Argumenta que la calidad de
imputado la otorga el Ministerio Publico al dirigir la acción penal en contra
de una persona física o de una persona jurídica y desde la solicitud de medida
de coerción, se puede observar quienes son las personas que han sido
individualizadas como imputados, contra quienes se solicitó coerción y no son
esas empresas.
La coerción, la acción penal
está dirigida por el Ministerio Público debdo a lavado de activos; narcotráfico
internacional contra Miguel Arturo López Florencio, José Antonio Román, José
Miguel López Pilarte, Miguel Arturo López Pilarte y Ada Maria Pilarte de Inoa.
“Solicitamos a esta honorable
Corte, la revocación del auto administrativo No. 595-2021 SAUT-00196 de fecha
03/05/2021 del Segundo Juzgado de la Instrucción de La Vega, que declaró la
extinción penal a las empresas Agropecuaria Gloria Ivette SRL, Inmobiliaria
Gloria Ivette SRL.
Otras de las empresas son
Sociedad Comercial Auto Credio Selecto SRL y Servicrédito Gloria Ivette
SRL, dejándolo sin ningún efecto jurídico para el presente, ni el porvenir del
proceso seguido en contra de los imputados Miguel Arturo López Florencio.
Igual a José Antonio Román,
José Miguel López Pilarte, Miguel Arturo López Pilarte y Ada Maria Pilarte de
Inoa, acusados de violar la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos, Bienes Ilícitos,
Financiamiento del Terrorismo en perjuicio del Estado Dominicano.
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