Ahora se inicia el desmonte de la corrupción.
Por Marcelo Peralta
Santiago, R.D.-Debieron transcurrir 34 años y la llegada
del presidente Luis Abinader para que el sistema judicial accionara contra
alegados funcionarios vinculados a actos reñidos con la moral respecto al manejo
de los recursos del pueblo.
Fue el día 7 de octubre del año 1986 cuando se inició la lucha contra la corrupción administrativa.
En el año 1986, el abogado Marino Vinicio Castillo hizo la denuncia contra el presidente de la República y abogado Salvador Jorge Blanco y Manuel Antonio Cuervo Gómez pasado secretario de las Fuerzas Armadas, acusando a ambos de malversación de fondos.
Mientras que el día 23
de diciembre la Procuraduría General Dominicana le prohibió a Jorge Blanco
salir al exterior, siendo luego condenado a 20 años de
cárcel.
El
proceso judicial contra Jorge Blanco inició al salir de la Presidencia tras su
mandato del 1982 al 1986.
La querella
contra el expresidente la presentó el doctor Marino Vinicio Castillo y
la pieza acusatoria fue acogida por el fiscal del Distrito, el hoy
Senador por Samaná, doctor Prim Pujals, que la remitió a la jueza de
Instrucción de la Segunda Circunscripción del Distrito Nacional, doctora
Francisca Concepción Martínez (Conchita).
Mientras
que el extriunviro doctor Ramón Tapia Espinal fue nombrado por el presidente Joaquín
Balaguer representante del Estado en el juicio que fue definido como “del siglo”
A fines de noviembre el
exmandatario fue arrestado y trasladado a la preventiva del ensanche La Fe, y
una vez allí pidió asilo político a la embajada de Venezuela, pero
la solicitud fue rechazada.
Seis meses
después, estando interno en una clínica local afectado de complicaciones
cardiacas los médicos recomendaron sus traslados a Estados
Unidos a recibir tratamiento especial.
El
viaje fue autorizado por la procuradora general de la República, doctora Pura
Luz Núñez.
Un año después, el 16 de
noviembre de 1988, estando recluido en un centro hospitalario de Atlanta,
en un juicio kilométrico y televisado Jorge Blanco fue condenado a
20 años y al pago de una multa de 100 millones de pesos.
El gobernante retornó al
país a fines de ese mes y apeló la sentencia del juez Juan Maria
Severino.
Un helicóptero oficial lo
trasladó desde el Aeropuerto Las Américas hasta el aeropuerto
de Herrera, y de ahí a la cárcel La Fe.
El
político libró una batalla legal que culminó con la anulación de la
sentencia a finales de 1989.
Luego de casi dos
años Jorge Blanco fue declarado culpable nuevamente y condenado a
cumplir 20 años de prisión y a pagar una multa de 73 millones de pesos. Fue
arrestado, pero solo permaneció dos meses en cárcel.
En el 2001, después de 19 años
de apelación, Jorge Blanco consiguió la anulación de la sentencia de la Corte
de Apelación y el presidente Hipólito Mejía retiró las acusaciones contra el
gobernante santiagués, que atribuyó el origen del juicio a “persecuciones políticas de Balaguer”.
El expresidente y líder del
Partido Reformista siempre negó tener responsabilidad en el caso contra Jorge
Blanco.
A mediados de julio de 1988
Balaguer declaró a la prensa: “He
procedido desde el primer momento con absoluta imparcialidad.
Si
estuviera detrás del proceso hace tiempo que hubiese terminado con los acusados
en La Victoria (la cárcel), en vez de estar en el exterior”.
El exgobernante perredeísta,
en ese momento, se encontraba recluido en un hospital de Atlanta y también
habían abandonado el territorio dominicano José Michelén, exdirector de
Inespre y Fulgencio Espinal, exsecretario de la Presidencia.
Lo que
dijo Balaguer
De acuerdo al ex dirigente
perredeísta Hatuey De Camps, en una ocasión el doctor Joaquín Balaguer le
confío que el juicio contra Salvador Jorge Blanco fue de carácter político.
Sin embargo, la confesión del extinto líder reformista se produjo dos décadas después de que un tribunal condenara a Jorge Blanco a 20 años de prisión. Esta sentencia fue ratificada en apelación.
Pero 19 años después la Corte de Apelación anuló la sentencia y posteriormente el Estado retiró las acusaciones.
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