El gobierno tiene en el punto de mira a
los portadores del coronavirus que no presentan síntomas y trabajan en sectores
esenciales.
Sanitarios, empleados de residencias de
ancianos, policías, transportistas, personal de la cadena de alimentación.
Dicen que se forman parte de un flujo de
transmisiones silenciosas del coronavirus que quiere cortar para que, llegado
el momento de desescalar las medidas de distanciamiento social, no haya
rebrotes.
Hacer test masivos a esta población que
localicen todos esos casos y preparar infraestructuras que sirvan para aislar a
los positivos que no requieran hospitalización y que no contagien a las
personas cercanas.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido el
domingo a los presidentes autonómicos que le envíen antes del 10 de abril un
listado de infraestructuras públicas y privadas para alojar a los contagiados
que no requieran hospitalización.
Esto incluye también a los “positivos
asintomáticos”, siempre que los médicos lo aconsejen, según ha dicho el
ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien no descarta que se articule
incluso la obligatoriedad de este aislamiento: “Supongo que una voluntariedad
manifiesta si fuese precisa sería algo factible.
Si no, se estudiarían todas
las opciones legales, porque el principio fundamental es mantener la salud
pública. Con exquisito respeto de los derechos fundamentales”.
EMAS:
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