Santiago, R.D.-Comerciantes de las 32 provincias y el Distrito Nacional, afiliados a la Federación de Comerciantes Detallistas -FENACODEP-, denunciaron que la ola de robos, atracos, asaltos, muertes violentas de sus socios, los apagones eléctricos, altas facturaciones, tráfico ilegal de ajo por la frontera dominico- haitiana, la inseguridad, altos costo de la vida y las presiones fiscales de la administración tributaria los lleva a la desesperación.
Juan Anselmo Jiménez, Coordinador del Bloque Norte-Noroeste y presidente de la Asociación de Comerciantes Detallistas en el municipio de Esperanza, provincia José Desiderio Valverde, quien fungió como vocero, declara que los hombres y mujeres que laboran detrás del mostrador están viviendo una situación dramática ante la práctica inexistente de autoridades responsables que frenen estos flagelos.
Exigen que para poder operar sus negocios, desde el gobierno central se deben aplicar acciones contundentes y efectivas contra los forajidos que cometen estos delitos, aplicando medidas preventivas y aumentando el número de agentes en las calles, áreas comerciales, dotada de equipos sofisticados, buenos sueldos, motorizados y mejores condiciones humanas.
Hombres y mujeres negociantes del país, demanda de los miembros y miembras del sistema judicial, tratar de quitarse la venda, que sean menos permisivos con los delincuentes y que a la hora de juzgados por cometer delitos, actúen con drasticidad en contra de esos criminales sancionando con todo el rigor de las leyes.
Sostiene que ahora, debido a los efectos de la delincuencia, para proteger sus vidas y bienes, tienen que trabajar encerrados en estructuras de hierros con ventanillas vigiladas por cámaras de vídeos, contratar a guachimanes, y a pesar de todos, lo hacen temerosos de que cualquier extraño ingrese a sus negocios, los maten a ellos, a sus empleados y familiares que estén trabajando.
Aseguran que hacer esos gastos, conlleva una situación que ha encarecido los costos de inversión y haciendo más difícil la comercialización de los productos y afectando directamente al pueblo consumidor.
La posición de los comerciantes fue fijada a vía el Coordinador del Bloque Norte-Noroeste, Anselmo Jiménez y por un documento de cuatro páginas leído por el periodista Adriano de la Rosa, director de comunicaciones de la FENACODEP en la Región del Cibao.
Tras sostener un acto deploran la indiferencia de las autoridades encargadas de enfrentar el auge de la delincuencia y la benignidad con que actúan las autoridades judiciales a la hora de juzgar a los crímenes.
Subrayan que la blandenguería de las autoridades para frenar la ola delictiva se ha combinado con la impunidad de los miembros de la judicatura nacional, convirtiéndose en una vergüenza, el ver cómo los delincuentes, después de hacer sus fechorías, salen riéndose, sonantes, campantes y burlándose de los afectados y regresando con más fe a cometer fechorías.
Consideran que debido a la complicidad de muchas autoridades, a quienes el pueblo tiene que pagar impuestos al Estado que es de donde salen los sueldos de policías, jueces y fiscales, estén viviendo en una situación cada vez más tensa e insegura.
La atribuyen a la decidida de autoridades que realizan unos supuestos operativos disfuncionales que no han servido para nada.
Se quejan de la errónea política que en materia de seguridad aplica el gobierno central, sumados a los grandes gastos millonarios y a la cadena de corrupción del Estado en su conjunto.
En ese tenor, los comerciantes organizados de todo el país, manifiestan su descontento e inconformidad ya que la mayoría de sus afiliados a nivel nacional han sido víctimas directa e indirecta de las maquinarias y acciones delictivas de los criminales, de los que dicen, están protegidos por autoridades policiales, judiciales y el gobierno.
Hacen saber que la ola de violencia, unido a los actos delictivos que los afecta, está creando un clima de inquietud y de incertidumbre en donde muchos negociantes han tenido que cerrar sus establecimientos y dedicarse a otras labores para no perder la vida.
Dicen que la inseguridad se constituye en una bomba de tiempo que en cualquier momento podría estallar y dejar secuelas imborrables.
Deploran lo declarado en Santiago por el ministro de Interior y Policía, Carlos Amarante Baret en donde afirmaba que en lo que va de año 2018, los actos delincuenciales han disminuidos en el país.
Los hombres y mujeres del mostrador piden al funcionario hacer revisión en los medios de comunicación de masas, respecto a los efectos negativos de este flagelo.
Recordaron que hace poco, un reportaje difundido en medios de comunicación de la Capital, comerciantes detallistas, decía que solo en Santo Domingo y San Cristóbal, habían perdido más de 30 millones de pesos comprando equipos de seguridad para tratar de identificar a los ladrones.
Advierte que la ola de violencia continúa manchando de rojo y negro los hogares de ese sector comercial y negocios de diversas índoles, pese a la desinformación oficial que no ha podido evitar, el clima de desasosiego que esa situación genera.
Los comerciantes detallistas en provisiones dicen sentirse atemorizados y seriamente perjudicados por la cantidad de miembros que son asesinados cada día para sustraerle sus bienes ganados con mucho sacrificio y esfuerzos cotidianos de servicios al pueblo, que abarca las jornadas de trabajo y hasta por espacio de 18 horas al día.
Reiteran que los problemas que los afectan son tan graves han tenido que hacer grandes sacrificios e inversiones instalando cámaras de seguridad de vídeos, contratando miembros de seguridad, comprando escopetas, colocando barras y puertas de hierro y viviendo como los presos entre barrotes para cuidar sus vidas.
Aseguran que centenares de sus afiliados han sido asesinados por delincuentes y que cada día, en diversas poblaciones del país se originan hechos de violencia, con sangre derramada y muertes.
Demandan de las autoridades policiales, judiciales y del propio presidente de la República, Danilo Medina que adopten medidas urgentes y coordinadas, que sirvan de plataforma que frenen a los crímenes que cometen atracos, asaltos y asesinatos en todo el país.
A su entender, los mayores propulsores de los hechos de violencia contra miembros de ese sector, son metidos por jóvenes que son encubiertos por autoridades y quienes se benefician de sus actos delictivos.
Tras el encuentro sostenido aquí, los comerciantes detallistas reiteran que esos jóvenes siguen manteniendo a raya a una sociedad que se siente vulnerable e impotente ante las violaciones de sus derechos, quebrantando la tranquilidad y la convivencia humana.
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