Puerto
Plata, R.D.- Aunque un supuesto sacerdote de origen canadiense, abusando, violando
la Constitución y las leyes dominicanas construyó un proyecto habitacional para
asentar a los haitianos con miras a la fusión que orquestan sectores
internacionales oscuros, ninguna autoridad se ha dado por enterada del peligro
que esto representa, evidenciando que el extranjero se ha hecho pupú y nadie ha querido intervenir.
El proyecto habitacional ha sido para alojar a cientos de ilegales de
origen haitianos, cuyos recursos económicos proceden, alegadamente fondos
recolectados por una organización no gubernamental de Canadá, para alojar
ciudadanos haitianos indocumentados en los municipios de Sosúa y Montellano provincia
Puerto Plata.
Ante ese asentamiento que eran bateyes y que
con la incidencia del señor Arismendi Medina, concejal del Partido Reformista
Social Cristiano (PRSC) en Sosúa y representante local de la Fundación El
Samaritano que preside Elio Madonia, se construyeron con fondos internacionales
un barrio con unas 250 casas de blocks, techos de zinc y pisos de cemento gris el gobierno dominicano se ha hecho loco, sordo y mudo permitiendo que se pisoté la Constitución de la República.
En dichos asentamientos construidos a un
monto superior de 1.5 millones de dólares, ubicados a 2.1 kilómetros de la
carretera Puerto Plata-Sosúa en una zona de unos 3 mil metros cuadrados que en
el 2007 sólo era arbustos, ante la dejadez de las autoridades dominicanas, se
han instalado aproximadamente unos mil 300 inmigrantes provenientes de
Haití.
Desde el gobierno se hizo un allante y pocos días después dejaron eso así.
Ante esa macabra, dañina y abusiva
actitud asumida, las autoridades dominicanas mantienen silencio a pesar de las
críticas con notable acidez provenientes de ciudadanos.
Quienes se identifican como dominicanos
sensatos, da fe y testimonios de la blandenguería del Gobierno, a medida que
pasa el tiempo, más haitianos siguen incrementando su estadía en territorio de
Puerto Plata y otras provincias del país, sin que exista ningún tipo de control
al respecto.
A mediados del año 2016, un
acontecimiento que tuvo lugar en las comunidades Los Algodones y Villa
Esperanza en el municipio Montellano, que causó un gran escándalo a nivel
nacional, debido a que varios medios de comunicación denunciaron que una
fundación canadiense construyó dos asentamientos para un gran número de
haitianos sin documentos.
Ante el revuelo causado, una comisión
oficial comprobó que solo dos de los residentes en dichos asentamientos eran de
origen dominicano.
Un grupo de funcionarios gubernamentales
prometieron que a través del ministerio de Interior y Policía en la gestión del
santiaguero José Ramón Fadul y la Dirección General de Migración se encargaría de dar seguimiento a estas personas a través del Plan Nacional de
Regularización, pero todo se quedó en palabrerías.
Irónicamente, miembros de la Fundación
El Samaritano construyeron las viviendas a indocumentados haitianos, el
concejal Arismendi Medina, quiso alegar ignorancia al asegurar que desconocía
el estatus migratorio de esas personas y visiblemente en aquella oportunidad se
molestó y dijo: “Solamente se reformó la condición de vida de esas personas”.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario