Organización sostiene que los apagones programados son ilegales

Por: Francisco Calderón

San Francisco de Macorís, R.D.- El Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor (Onpeco) declaró que los apagones programados no están contemplados en la ley 125-01, por lo que son ilegales.

Sostuvo las interrupciones del servicio de electricidad ponen en riesgo la salud de muchas familias.

Igualmente, la entidad de defensa de los consumidores denunció que las facturaciones no se están realizando conforme al consumo real, pues las quejas de los usuarios reflejan un incremento en las facturas que, en algunos casos, triplica los montos anteriores, incluyendo viviendas cerradas con facturas excesivas e injustificadas.

Onpeco entiende que los consumidores y usuarios no deben cargar con las deficiencias de las empresas responsables de proveer el servicio. Las pérdidas de las distribuidoras no deben ser transferidas a los usuarios.

En cuanto al riesgo para la salud, la entidad destacó que la interrupción de la cadena de frío en alimentos o medicamentos que requieren refrigeración genera un peligro para la salud de los usuarios.

Como ejemplo, la entidad mencionó a las madres lactantes que almacenan leche materna en refrigeradores, exponiendo que este alimento esencial se daña cuando la cadena de frío se rompe, al igual que otros alimentos que necesitan refrigeración.

La institución lamentó que, en pleno siglo XXI, los dominicanos continúen sufriendo apagones, a pesar de los millones de dólares invertidos en subsidios al sector, señalando que esta situación es inaceptable, especialmente porque el país sigue dependiendo de combustibles fósiles que encarecen el costo de la energía.

En ese particular, Onpeco, recordó que, a finales del pasado año, abogó por una transición hacia la energía solar, proponiendo eliminar las cargas impositivas sobre la importación de paneles solares, promoviendo una transición energética que independice al país de las importaciones de combustibles fósiles.

Estima que esta sería la mejor forma de garantizar una energía más limpia, duradera y económica.

Llamado.

Por otro lado, la entidad llamó la atención sobre la tardanza en las respuestas de Protecom a las reclamaciones de los usuarios, exponiendo que esta demora perjudica económicamente a los consumidores, ya que las empresas proveedoras del servicio continúan cobrando mora durante el tiempo que dura el proceso de reclamación, lo cual no debería exceder los 30 días.

“De acuerdo a informes recibidos, al cierre del trimestre octubre-diciembre, Protecom acumuló cerca de 37 mil reclamaciones pendientes de resolver. Esto evidencia una falla grave en el sistema, ya que las distribuidoras imponen mora mientras los usuarios están litigando, una situación que debe ser corregida”, denunció.

Instó a la Superintendencia de Electricidad a emitir una resolución que elimine el cobro por mora mientras exista una reclamación activa, considerando también  necesario otorgar beneficios a quienes se atreven a reclamar sus derechos cuando son mal atendidos por las empresas proveedoras del servicio.

Lla institución afirmó que, si bien el servicio debe ser pagado, es imprescindible garantizar la transparencia en la facturación y evitar cualquier forma de discriminación que perjudique a los usuarios, castigándolos por las deficiencias de las Edes.