Por Marcelo Peralta
Santiago, R.D.- La decisión adoptada anoche por el
presidente Luis Abinader de rescindir el cuestionable y lesivo contrato “sombra”
que controlaba el peaje de la autopista Santo Domingo hacia la provincia Santa
Bárbara de Samaná tiene opiniones positivas y negativas.
La historia del “peaje sombra”
fue firmado el contrato para la construcción de la autovía de la provincia
Santa Bárbaro de Samaná fue adjudicado en el año 2001 en pleno gobierno del
perredeísta Hipólito Mejía, costando al país más de 26 mil 348 millones en lo
que lleva de ejecución.
Su elevado gasto empobreció al
país, pese a ser cuestionado, pasaron los gobiernos de Hipólito Mejía; Leonel
Fernández quien duró 8 años y Danilo Medina, también 8 años, ambos del PLD, se
hicieron “cómplices” ante las estafas que conllevaba ese contrato.
Las críticas ciudadanas
llovían por el alto costo del peaje a tiene circulaban por la vía.
La noche, en un discurso el
presidente de la República, Luis Abinader, informó al país que su gobierno daba
fin al contrato, el cual costaría al Estado mil 900 millones de dólares.
Debió entregar la sufra de
400 millones de dólares, por lo que le restaba de operación era hasta el año
2038.
Reacciones
La acción aplicada por el gobierno de Luis Abinader de
“quitar” el “peaje sombra” es apoyada por algunos ciudadanos y censurada por otros,
ya que nadie de los implicados, entre presidentes, ministros de Obras Públicas,
funcionarios, dirigentes políticos, sin que existan presos.
Con la medida del jefe de Estado se rompe el
latrocinio del peaje sombra, aunque hubo corrupción, impunidad, incumplimiento al
“ilícito penal”, con que se le garantiza impunidad a los firmantes de este
lesivo proyecto.
Mediante este programa, solo se garantizó lo económico
a un grupo de empresarios, políticos y funcionarios en perjuicio de la sociedad.
Las negociaciones “turbias” y corruptas concretadas
afectó a la ciudadanía, sin consecuencias penales contra los auspiciadores.
Hasta ahora no se determinan las evidencias de si fue
o no transparente a la hora de firmar el convenio, sin que se aplicaran sanciones
penales.
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