Exdirector de Migración afirma el país no tiene que auxiliar embarazadas de otras naciones.

José Ricardo Taveras Blanco asegura en el gobierno se destapó un escándalo por la expedición de 200 mil visas.  

Por Marcelo Peralta

Santiago, R.D.- El abogado y pasado director general de Migración, José Ricardo Taveras Blanco, aseguró el Estado Dominicano no está obligado a estar auxiliando a ninguna mujer embarazadas de otras naciones.

Agregó que hay que distinguir que una mujer embarazada no es una persona enferma, a menos que no esté en labores de parto, no una situación de emergencia clínica, según el exfuncionario de Migración en gobiernos de Leonel Fernández.

Aclara solo cuando estén en labores de parto pueden ser atendidas, tras participar en el programa mañanero “Rumba” que se transmite en la Capital dominicana de 6:00AM a 11.00AM de lunes a viernes.

El espacio encabezado por los periodistas Domingo Páez, Patricia Arache; el doctor Ricardo Nieves, Rafael -Fafa-Taveras y un elenco de personalidades.

Aseveró el gobierno de Luis Abinader no ha sido honesto con el tema haitiano.

Cita que la realidad es el desorden de corrupción con la expedición de los visados, porque se había expedido más de 200 mil en el poco tiempo que lleva de gobierno el PRM.

Explicó la reacción del gobierno ha sido correctiva vía la Cancillería y no ha afectado a ningún estudiante, ya que estos siguen haciendo su vida normal en el país.

Aunque dice la cuestión de deportaciones de las embarazadas haitianas es complejo y doloroso.

Aclara que nada impide al Estado Dominicano ejecutar políticas migratorias contra indocumentados.

Pone de manifiesto nadie se ha puesto a pensar que en las cárceles hay muchas mujeres dominicanas embarazadas y nadie habla de eso.

Taveras Blanco dice ninguna de las convenciones de derechos humanos impide que el Estado dominicano ejecute sus políticas migratorias.

Explica que las convenciones no pueden tocar el tema de las políticas migratorias.

Y añade que en Derecho Internacional existen las institutas de dominio reservado de los estados.

Insta a la Comunidad Internacional legislar en los aspectos de la nacionalidad y de migración.